• Reuters

martes, 26 de agosto de 2014

Argentina revocó la autorización legal para que el Bank of New York Mellon (BNY Mellon) opere en el país, dijo el martes el Gobierno, en momentos en que la nación sudamericana lanzó una embestida contra la entidad por haber acatado un fallo de una corte estadounidense que la hizo caer un default de deuda.

Los temores por el impacto de la cesación de pagos sobre la debilitada economía local, en recesión por una alta inflación y un pobre nivel de inversiones, llevaron a la moneda local, el peso argentino, a tocar nuevos mínimos frente al dólar en el mercado negro, donde se refugian empresas y ahorristas debido a un control de cambios.

Poco después del mediodía local (1500 GMT), la moneda argentina cotizaba a 14,05 por dólar según operadores, más de 60 por ciento sobre su valor en el mercado oficial.

La caída de la moneda sucedió a pesar de que el Banco Central anunció tarde el lunes una suba de 100 puntos básicos en las tasas de interés de su subasta semanal de letras, en un intento por aliviar la presión sobre la moneda aspirando circulante.

La decisión del Banco Central argentino contra el BNY Mellon se produce al mismo tiempo que en el Congreso se debate un proyecto de ley enviado por la presidenta Cristina Fernández para que el estatal Banco Nación reemplace al banco estadounidense como el agente de pagos de bonos argentinos reestructurados bajo leyes extranjeras.

El banco se negó a completar a fines de julio el pago de los intereses de un bono Discount debido a una orden del juez de distrito en Manhattan Thomas Griesa para que el país compense primero a fondos de inversión que reclaman recuperar el valor total de los títulos que Argentina dejó de honrar en su default del 2002.

Buenos Aires se ha negado a cumplir el fallo de Griesa, que le implicaría pagar US$1.330 millones más intereses a los litigantes liderados por los fondos Northwestern Mutual Life y Aurelius.

El peso argentino cerró el martes en su piso récord debido a una amplia demanda de dólares por parte de ahorristas y empresas, ante la prolongada disputa judicial por bonos soberanos impagos y a una fuerte presión inflacionaria en el país, dijeron operadores.

Con una economía en recesión, analistas privados prevén una inflación anual de al menos entre 30% y 35%.

La economía “está mal por las dudas que genera el tema de los ‘holdouts’ y la inflación, frente a lo cual el Gobierno parece no tener respuestas reales”, dijo un veterano cambista anonimo.