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jueves, 30 de octubre de 2014

La ley, aprobada por 172 votos a favor, 144 en contra y 3 abstenciones, establece en su texto un plazo de un año para que el Gobierno acometa una reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual.

Los grupos de la oposición han coincidido en acusar al Gobierno de haber incumplido sus promesas de consenso, mientras que el Grupo Popular ha defendido que la reforma cumple sus fines: la protección de los creadores culturales en internet, la mejora de la transparencia de las entidades de derechos de autor y la transposición de directivas europeas.

Representantes del sector cultural han organizado varias concentraciones en las últimas semanas en protesta por esta ley. Así mismo, la compensación irrenunciable por parte de los agregadores de noticias a los editores ha levantado críticas entre algunos de ellos y el aviso de Google de que podría cerrar su servicio de ‘Google News’ en España.

Precisamente, esta compensación, junto a las multas de hasta US$756.665 (600.000 euros) para luchar contra la piratería, la búsqueda de una mayor transparencia en las entidades de gestión y la ventanilla única en el pago de derechos de autor son algunas de las claves de la LPI que, según ha reiterado en varias ocasiones el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, es solo una reforma “parcial”, puesto que el Gobierno realizará una modificación de “más amplio calado” previsiblemente el año que viene, tras la aprobación de una directiva comunitaria sobre propiedad intelectual.

Ante la inminencia de la aprobación definitiva del texto, al que sólo le restará su publicación en la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (BOE) para entrar en vigor en enero de 2015, las entidades de gestión, agrupadas en la Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual (Adepi), enviaron esta semana una carta dirigida a todos los diputados en la que les piden no voten esta reforma que, según destacan, traerá “graves consecuencias” para el país, que no está “aprovechando el tirón de la gran oferta cultural”.

Tal y como ha indicado a Europa Press el director de Adepi, Antonio Fernández, “cuando la ley entre en vigor reducirá cientos de miles de salarios de profesionales del sector cultural, al recortar arbitrariamente sus derechos, dificultará la gestión y no aportará soluciones eficaces en la lucha contra la piratería”.

Esta carta se une a las diferentes concentraciones frente a la Secretaría de Estado de Cultura, en la que rostros conocidos como los de Ana Belén, Víctor Manuel, Héctor Alterio, el académico y director teatral José Luis Gómez, Pilar Bardem, Luis Cobos o Montxo Armendáriz, entre otros, han protestado por esta ley.

Copia privada
Uno de los temas que más han criticado las entidades de gestión es la compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), un sistema que consideran injusto puesto que involucra a toda la sociedad, pero también insuficiente, porque la cantidad destinada es mucho menor que la obtenida con el canon.

Las entidades de gestión han afirmado en diversas ocasiones que están dispuestas a tomar medidas “judiciales” que “supondrán reclamaciones por perjuicio patrimonial que, si Europa termina por dar la razón a las entidades, podrían suponer a medio plazo indemnizaciones de cientos de millones de euros”.

A esto se suma la decisión del Tribunal Supremo, que acordó el 18 de septiembre preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Tjue) si este nuevo sistema de compensación ajusta a la legislación europea.

En caso afirmativo, cuestionará si la cantidad total destinada a la compensación, “aún siendo calculada con base en el perjuicio efectivamente causado, debe fijarse dentro de los límites presupuestarios establecidos en cada ejercicio”.

Canon Aede
La llamada ‘tasa Google’ es una compensación económica para editores de noticias por la explotación de sus contenidos en el ámbito de los agregadores de noticias en Internet, para la que los socialistas han exigido la posibilidad de renuncia, así como la inclusión de compensaciones para periodistas y fotógrafos.

La Asociación de Editores de Diarios Españoles (Aede), asegura que “el reconocimiento de los derechos que amparan a los editores sobre los contenidos que elaboran sus medios resulta hoy esencial”.

Así, ha advertido de que el actual ‘statu quo’ de Google ejerce una “amenazante posición” de dominio en el mercado de Internet, ya que “se aprovechan del esfuerzo ajeno” y va “en contra de los emprendedores que producen los contenidos, crean empleo, cotizan y pagan impuestos en España”.

Por el contrario, otras asociaciones como la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (Ceoe) han reiterado su defensa del “derecho a decidir del empresario” sobre si cobra o no la ‘tasa Google’. “Defendemos la libertad de empresa y el derecho a decidir del propietario sobre quién, dónde y por cuánto se usan sus contenidos”, señalaba.

En esta línea, la Plataforma por los Derechos de Autor de los Periodistas instó al PP a “rectificar” y aceptar las enmiendas de la oposición para incluir a los periodistas y a los fotorreporteros como titulares de los derechos a percibir una remuneración por la utilización por los agregadores. Por su parte, la Coalición pro Internet que preside el periodista Arsenio Escolar encargó a Analistas Financieros Internacionales (AFI) un estudio del que se desprendía que la implantación de la ‘tasa Google’ tendría un impacto negativo de US$1.420 millones (1.133 millones de euros) al año para los cerca de 17 millones de internautas españoles.