• Colprensa

domingo, 1 de marzo de 2015

El pasado jueves estuvo tan atareada que no vio noticias, pero sus amigos le contaron que, esa noche, un juez mandó a la cárcel a varios cerebros de la crisis de Premium. 

Sus amistades celebraron más que ella. Le dijeron que, al fin, estaba actuando la Justicia y que a uno de los presuntos responsables que no se presentó a las audiencias de imputación de cargos -Víctor Maldonado Rodríguez- le iban a tener que expedir una circular roja de la Interpol, para que lo capturaran. 

Elsa no dio saltos de alegría. Claro, le agrada la evolución del caso, pero le puede más la desconfianza: “hasta que no vea respuestas concretas no creo en las cosas de nuestro país. El Estado nos sigue metiendo los dedos en la boca. No entiendo, por ejemplo, por qué dejaron escapar a Víctor Maldonado. Y, sobre todo, me pregunto cuándo nos devolverán la plata”. Al igual que Elsa y sus amigos, el abogado Jaime Granados Peña también cree que ha habido lentitud en la justicia. 

La crisis va para dos años y medio y apenas se ha surtido la fase de imputación de cargos a exdirectivos de ese fondo, por los presuntos delitos de estafa, concierto para delinquir, manipulación fraudulenta de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores y captación masiva y habitual de dinero y no reintegro. 

El grupo de encartados lo lideran los creadores de Premium en 2002, a quienes sus clientes les confiaron más de $320.000 millones. Ellos son Juan Carlos Ortíz Zárrate y Tomás Jaramillo Botero, este último, hijo de expresidente de Interbolsa, Rodrigo Jaramillo Correa, quien en forma preventiva tiene casa por cárcel, por los presuntos delitos cometidos en la crisis del grupo que lideraba. 

Ambos, Ortíz Zárrate y Jaramillo Botero, quedaron el pasado jueves cobijados por una medida de aseguramiento, que les dictó el juez 78 penal con funciones de control de garantías, luego de acoger la tesis de la Fiscalía y la Procuraduría en el sentido de que ellos representan un peligro para la sociedad. 

“Empresa criminal” 

Alexandra Ladino, la fiscal que lleva el caso, dijo en la audiencia de imputación de cargos que “es un compromiso de la administración de justicia asumir de manera clara y responsable la persecución y castigo a esta clase de delitos. La justicia no es solo para los de ruana”, advirtió la representante del ente acusador”, para quien los delitos cometidos por los imputados son técnicos, muy sofisticados y estuvieron a cargo de “los integrantes de una verdadera empresa criminal”, como lo recoge la página web de la Fiscalía. 
Además de los creadores del Fondo Premium, con detención preventiva fueron cobijados el primer gerente de Rentafolio Bursátil y Financiero, Ricardo Emilio Martínez, quien aceptó los delitos de captación masiva de dinero y no reintegro; Natalia Zúñiga y Claudia Patricia Aristizábal, directora administrativa de Valores Incorporados y gerente de Andean Capital Markets, respectivamente. 

A mitad de camino 

No todo está dicho. En el juicio los imputados tienen la posibilidad de probar su inocencia. Incluso al final de la audiencia del viernes, ante el juez 78 de garantías fue presentado el recurso de apelación. En la diligencia judicial los abogados defensores manifestaron que los implicados no representan un peligro para la sociedad, como dijo el juez, dado que incluso varios de ellos han colaborado con la justicia y también pidieron medidas de seguridad para garantizar la integridad de los detenidos. 

La petición que fue avalada por el delegado de la Procuraduría, que manifestó “por la seguridad de estas personas, realmente sí solicitó a su despacho que puedan ser recluidos en un pabellón especial, donde tengan las normas de seguridad pertinentes”. 

De no lograr comprobar su inocencia, los acusados quedarían abocados a penas de prisión de hasta 21 años, según lo anota el penalista Granados Peña. La ley es benévola con quienes acepten cargos y reparen a las víctimas, caso en el cual no recibirían carcelazos inferiores a los ocho años. La situación es más crítica para Maldonado, a quien la Fiscalía podría declarar en contumacia y dictarle una orden de captura de alcance internacional. 

Granados Peña, reconocido defensor de personajes como el expresidente Álvaro Uribe Vélez, manifiesta que más crucial que las condenas es la devolución del dinero a las víctimas. Según sus cuentas, de los US$175 millones en riesgo se podrían salvar, en el mejor de los casos, 70%. Que sea más o menos dependerá de lo que ocurra con las acciones de Fabricato, uno de los activos que tiene Premium y que, como lo ha documentado El Colombiano en sus informes, fue el centro de la crisis de Interbolsa. “Cada $12 que se coticen en bolsa ese título significa más o menos US$12 millones. Si el precio promedio llegare a ser de $45, eso significaría para el Fondo unos US$45 millones”. 

Tendría que ocurrir un auténtico milagro para que ese título repita los más de $90 que registró cuando fue objeto de una presunta manipulación por parte del italiano Alessandro Corridori yun grupo de amigos, financiados por partida doble con recursos de los clientes de Interbolsa y Premium. 

Si la recuperación no se da, entonces se echará mano de los frutos de la liquidación de los bienes embargados a los presuntos responsables. 

El camino es largo y eso lo sabe también Elsa, para quien, en su condición de víctima, hasta el momento los avances del proceso “no constituyen una novedad tan rica, porque yo no puedo mercar con las buenas noticias”. 

Cuentos chinos en reparación de víctimas 

Víctor Maldonado Rodríguez no le da la cara a la Justicia y a través de su abogado se declara un perseguido por el hecho de que le cobran una deuda con las víctimas de Premium. Juan Carlos Ortiz Zárrate, afirma, tranquillo, que es hincha de Millonarios y que entregó bienes por $25.000 millones para reparar a los damnificados. Tomás Jaramillo Botero, solo ofrece bienes que tiene en sociedad con Ortiz, y dice que el resto, incluyendo su apartamento, yate y finca, son de su suegro o de su esposa. Y Alessandro Corridori negó una deuda que los intereses de mora siguen engordando. 

La ley es clara: ellos y todos los intervenidos son responsables solidarios en el pago de los $330.000 millones 
de pesos que las víctimas de Premium esperan que les devuelvan. 

Dentro de esa “vaca” o colecta que deben hacer para honrar sus obligaciones, Ortiz ofreció sus acciones de Millonarios y otros inmuebles, por $25.000 millones. Sin embargo, un lote con problemas jurídicos no le fue aceptado y su oferta -rechazada de todas maneras por las víctimas reunidas en julio de 2014- bajó a unos $15.000 millones. Dijo que aportaría otro bien saneado, pero no lo hizo. Si Maldonado pagara, al menos, los pagarés, su cuenta rondaría los $82.000 millones. Si Corridori hiciera lo propio, tendría que poner $100.000 millones. 

Alejandro Revollo Rueda, liquidador de Premium, no es muy optimista frente a esas deudas. Falta ver, porque a menos plata, más cárcel les espera a estos personajes.