APP privada, una negociación asimétrica

Las APP de iniciativa privada, son inicialmente concebidas por los inversionistas privados y el objetivo es que se financien con los recursos propios generados por el proyecto (peajes, tarifas, tasas de uso, valorización, entre otros) o hasta con un máximo de 30% de recursos públicos. El privado, de forma independiente, realiza los estudios de factibilidad y los presenta para que la entidad pública respectiva los evalúe, actividad para la cual, según la ley, tiene un máximo de nueve meses. En consecuencia, el sector público debe tener la capacidad técnica para evaluar las propuestas de manera oportuna, determinar su viabilidad y, si es el caso, adjudicar el proyecto al proponente, en el evento en que ningún otro interesado se presente en el proceso.

Desafortunadamente, este camino termina siendo un proceso de negociación con información asimétrica. El privado conoce profundamente las fortalezas y debilidades de su proyecto, mientras que usualmente el público no cuenta ni con la capacidad técnica, el método ni la información que le permitan responder en los tiempos previstos.

En un escenario óptimo, suponiendo la racionalidad de los actores y el conocimiento de los resultados de las estrategias posibles a seguir, los participantes deberían actuar como aliados y cooperar para lograr un resultado o equilibrio óptimo, en donde ninguno pueda aumentar sus ganancias por un cambio unilateral en su estrategia.

Con base en mi experiencia, este equilibrio se obtiene si el privado presenta sus estudios técnicos completos, al igual que su propuesta financiera y contractual, de tal forma que el público tenga información suficiente para evaluar el negocio y, que en conjunto y con base en la confianza, asignen los riesgos, den viabilidad al proyecto y ambas partes ganen.

Sin embargo, la realidad que se presenta es que los participantes llegan a un equilibrio subóptimo debido a que deciden no cooperar. El inversionista no entrega la información exigida por varias razones: minimiza la inversión en los estudios requeridos, asume que el Gobierno no mantendrá su confidencialidad, a pesar de que la ley lo exige, o prefiere ocultar información para proteger su patrimonio en el evento de materializarse los riesgos.

Por su parte, el sector público, a través de los funcionarios de turno, desconfía de la información recibida, no siempre tiene la capacidad técnica para analizar toda la información suministrada y tiene temor de ser investigado en el evento de tomar una decisión positiva. En consecuencia, el público, al no tener el recurso humano y técnico para responder oportuna y eficientemente a la oferta del privado, tiene el incentivo de no tomar decisiones o dilatarlas. Los tiempos transcurren y, finalmente, no se viabiliza el proyecto.

El resultado de este escenario subóptimo genera pérdidas para todos. El privado pierde recursos, tiempo y credibilidad. El público pierde también recursos, tiempo y la oportunidad de hacer obras de interés para la comunidad minimizando la inversión pública.

La ley de APP está generando un cambio de paradigma desde el diseño de los proyectos hasta su ejecución. No se trata solamente de no entregar anticipos o pagar por disponibilidad; se trata de que, desde la planeación de los proyectos, los actores se comporten como socios, cooperen, compartan riesgos y tengan una relación gana - gana para todos.

Se necesita un cambio de mentalidad. Las APP privadas son para crear ‘asociaciones’ como su nombre lo dice, no para contratistas. Seguramente tomará tiempo, pero las APP llegaron para quedarse. Es responsabilidad del sector público fortalecerse en método y rigurosidad; y del sector privado cooperar y generar confianza, ya que la credibilidad del mecanismo de APP de iniciativa privada depende de su transparencia y de su actuar.