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El despliegue de muchos sectores de la economía depende de su interacción con las comunidades donde muchas veces el imperio de la ley es un factor de segunda instancia. Con ellas es necesario acordar el desarrollo de proyectos de infraestructura tales como centrales de generación eléctricas, represas, líneas de transmisión eléctrica, redes de telecomunicaciones u oleoductos, a riesgo de que nunca se ejecuten.
Que los desarrolladores de estos proyectos cumplan con las licencias ambientales, los permisos del estado y todos los demás requisitos de ley muchas veces no es suficiente para sacar adelante un proyecto. Las comunidades, a menos de que se negocie directamente con ellas, están en capacidad de exigir beneficios que permitan que se despliegue la infraestructura, a riesgo de que incurran en acciones de hecho para evitar su construcción.
En algunos casos, en que los proyectos requieren de inversión significativa, las comunidades son dirigidas por profesionales oportunistas que rápidamente toman el liderazgo de los habitantes. Basados en el miedo de los desarrolladores a que les bloqueen las obras por miedo de tomas o manifestaciones, a que les secuestren o inflijan daños a sus empleados o, que atrasen sus cronogramas por medio de acciones jurídicas no fundamentadas (en Colombia a nadie de le niega una demanda), las compañías son sometidas a chantajes. En el mejor de los casos terminan realizando obras para la comunidad a la fuerza, pero no son extraños los casos en que se opta por beneficiar a los líderes.
La intervención de las comunidades es absolutamente justificada cuando se violentan sus derechos constitucionales. Sin embargo, en la mayoría de los casos, obras que generan beneficios para la comunidad no se pueden ejecutarse dentro de sus cronogramas por el atraso que genera el chantaje mencionado, impactando millones de personas para quienes son necesarias. Recientemente obras de generación eléctrica como El Quimbo, la conexión del cable submarino a Buenaventura, las líneas de transmisión eléctrica y las ampliaciones de gasoductos y oleoductos han sufrido atrasos por este fenómeno.
Las comunidades de hoy en día parten de un caldo de cultivo que se ha ido cociendo por generaciones. Primero, tienen el profundo convencimiento de que merecen más de lo que reciben. Son gente que trabaja duro, tan duro como los ingenieros o los ejecutivos de las empresas que desarrollan el proyecto y no han logrado un estilo de vida siquiera decente, y, ¿porque ellos no lo merecerían? Segundo, saben muy bien que las empresas están obligadas a negociar con ellas porque el costo de negociar es menor al costo de los atrasos o bloqueos de las obras. Y, por último, saben que el sistema de administración de justicia, desde la fuerza policial hasta los jueces, es incapaz de actuar contra ellos, dado el respaldo de ciertas corrientes políticas que cohonestan estas conductas.
Lo que no realizan las comunidades es que, por medio de estos comportamientos, están impidiendo que el país sea competitivo, que los productos de los campesinos puedan salir a los mercados, que la factura de la energía eléctrica caiga y que sus hijos tengan derecho a una mejor calidad de vida. Si el país político y de los jueces no se asegura que este problema se limite a sus justas proporciones, no habrá infraestructura que se pueda ejecutar.
