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Analistas 31/03/2017

Ajuste económico sin equidad

Edgar Papamija
Analista
La República Más
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El ministro Cárdenas insiste en presentar un panorama rosa en la economía colombiana, y entendemos su oficio, aunque siempre nos ha preocupado su adaptación a cada nueva circunstancia que se presenta, pues no olvidamos su orgullosa presentación del dólar Cárdenas cuando la revaluación del peso indicaba que estábamos viviendo una situación peligrosamente incómoda, que no coincidía con la debilidad de nuestro sistema productivo, afectado seriamente por la enfermedad holandesa, que se desmoronó, una vez volvimos a la realidad por la caída de los precios del petróleo y por la baja de la producción que todavía padecemos, y que no se recuperará si no acudimos a la riesgosa técnica del fracking que el mismo Cárdenas anuncia con la mayor naturalidad. Desconociendo que, si bien es cierto, ha sido adoptado por países desarrollados, con gran capacidad para controlar y meter en cintura a las poderosas multinacionales petroleras. 

Aquí estaremos a merced de ellas, pues no tenemos ni la técnica ni la fortaleza ética para controlar los abusos contra el medio ambiente, como ya lo estamos viendo en las actuales explotaciones donde el Estado brilla por su ausencia.

Dice el ministro que seguimos en un proceso de ajuste, aplicando los correctivos que la ortodoxia económica exige: recortes en el gasto (desafortunadamente en el gasto de inversión), tributación (tristemente indirecta), manejo de la tasa de interés; en fin, la política del Banco Mundial y del Fondo Monetario que aplauden la aplicación de nuestros economistas a sus dictámenes. Los resultados tienen dos formas de interpretación: para el Minhacienda caminamos por el sendero correcto y espera el Gobierno que el crecimiento alcance la meta de 2,5% a pesar de que nada garantiza que la inflación esté por debajo de 4% al finalizar el año; para otros, el tecnicismo ortodoxo sigue llevándose por delante el sentido social del manejo económico que favorece elites que no tributan y sectores que mantienen privilegios que perpetúan la inequidad.

El Dane, acaba de entregar los resultados de medición de la pobreza. En el año 2016 el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional fue de 17,8% para el total nacional y se redujo 2,4 puntos porcentuales con respecto a 2015 cuando fue 20,2%, lo que equivale a decir, en términos reales, que hay en Colombia 8.586.000 que viven, si es que se puede vivir, con $8.000 diarios, $241.673 mensuales; los indigentes aumentaron de 7,9% a 8,5% de la población, superando 4.000.000 de personas, que tienen que sobrevivir con $114.692 mensuales, lo que es casi un imposible físico. De otra parte, los datos de pobreza monetaria muestran un incremento de 0,2%, pasando de 27,8% en 2015 a 28% en 2016, lo que significa que más de 13.000.000 de colombianos, no tienen cómo vivir dignamente. 

Las preocupaciones saltan a la vista cuando la clase dirigente juega con candela, inmersa en un remolino de contradicciones, en un país absorto, que perdió la credibilidad y la confianza por el abuso y la corrupción que se instaló en las altas esferas de los sectores público y privado. Ahora mismo marchan por las calles miles de ciudadanos protestando contra algo y orientados por alguien, sin tener muy claro el cúmulo de intereses mezquinos que se mueven tras bambalinas. Los políticos, perdieron el rumbo y los economistas quieren seguir en los ya traqueados esquemas de la ortodoxia, negándose a interpretar las afugias de un país que sufre en carne propia un sistema, que no ha podido combatir la desigualdad ni eliminar la pobreza y la miseria.

El Dane muestra un coeficiente de Gini de 0,517 que nos ubica en el poco selecto grupo de las naciones más desiguales del planeta. Se necesita mayor compromiso para superar la injusticia social acumulada por la incapacidad y la perversión del sistema. Desafortunadamente, no esperamos mucho de un Gobierno que ha perdido su margen de maniobra, y no vemos ningún esfuerzo, en los gurús de la economía, para imaginar y aplicar correctivos más agresivos, orientados a cancelar la deuda social que tiene el país con amplios sectores de la población.

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