• Colprensa

viernes, 23 de enero de 2015

El excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo, manifestó que no se necesita que el presidente Juan Manuel Santos busque la refrendación de los acuerdos que se alcancen con las Farc en el proceso de paz de La Habana, argumentando que la Ley de Orden Público (418 de 1997), le da facultades para fijar el contenido de lo pactado.

“Las Farc han insistido en que no existe un consenso sobre el mecanismo de refrendación. Y todos sabemos que difícilmente los acuerdos finales estarán listos para esa fecha (elecciones locales y regionales del 25 de octubre)”, señaló Restrepo en una carta enviada al diario El Espectador.

Así mismo, afirmó que persistir en una consulta unilateral, que sólo compromete al Gobierno, no hace más que “enturbiar” el clima político de las elecciones regionales, con el temor de la oposición de caer en una lucha “maniquea” entre ‘amigos’ y ‘enemigos’ de la paz.

“Es claro que el tema de la refrendación sigue abierto, pues no parece adecuado el mecanismo del referendo y surgen dudas sobre la propuesta de una constituyente”, explicó.

Teniendo en cuenta que de todas maneras los acuerdos necesitan un desarrollo legislativo en los puntos relacionados con nuevas normas o instituciones, el excomisionado dijo que “debería tomarse en serio la propuesta hecha por el expresidente Álvaro Uribe de crear un Órgano Legislativo Transitorio, dedicado únicamente a esta materia”.

En este sentido, aclaró que esto tendería un puente con ese sector político, que se puede reforzar si se recogen las 22 propuestas puntuales de aclaración de los acuerdos anunciadas por el senador Alfredo Rangel, y así sumarlas a las 28 salvedades que las Farc dejaron pendientes en la mesa de diálogo. “Tan importantes son las unas como las otras, por lo que merecen igual debate”, puntualizó.

La carta de Luis Carlos Restrepo se dio en respuesta a un artículo publicado en el portal de Internet, en el que se revelan los detalles de una entrevista que concedió en 2003 al diario El País de España, en la que defendió el proyecto de alternatividad penal que se planteaba en ese momento para los grupos armados ilegales, paramilitares y guerrilleros.

Dicha iniciativa, “proponía una pena distinta a la cárcel a cambio de procesos judiciales individualizados, con confesión de delitos y reparación a las víctimas. Entre las penas alternativas estaba la suspensión de derechos políticos. Filosóficamente sigo compartiendo esa postura”, dijo.