• Natalia Arteaga

miércoles, 10 de septiembre de 2014

Tres meses tendrán las empresas que facturaron más de $98.560 millones el año pasado para implementar al interior de su organización, un sistema de prevención para el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, que solicitó la Superintendencia de Sociedades.

En Colombia, según Arturo Castillo, socio de Kpmg, una de las auditoría más importantes en el mundo, hay más de 500.000 compañías que tendrán que cumplir con el requisito.

Castillo también le dijo a LR que quienes incumplan con el procedimiento podrán recibir sanciones de hasta $123 millones.

¿Cuántas compañías se han visto involucradas en temas de lavado de activos en los últimos cinco años en Colombia?
Se estima que por lo menos tres de cada 10 compañías han tenido, en el transcurso de un año, relacionamiento con operaciones sospechosas de lavado de activos.

¿Cuál ha sido el año más crítico dentro desde el 2009?
No sabría decirlo con exactitud.

A raíz de ¿qué se vio la necesidad de exigir este sistema de prevención para el riesgo de lavado de activos en las compañías?
La iniciativa fue de la Superintendencia de Sociedades, que emitió la Circular Externa 100-000005 hace un par de meses. Con el proyecto se ha pretendido sumar los esfuerzos nacionales para combatir el lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Se quiere controlar a las organizaciones criminales que por lo general, buscan “lavar” las ganancias de sus actividades ilícitas.

De ahí la necesidad de que las empresas y las industrias en general, se sumen y cumplan con esta tarea de prevención y detección de actividades ilícitas que, a la final nos perjudican a todos y al crecimiento de la economía nacional.

¿Qué características debe de tener una empresa para saber que debe implementar el programa?
De conformidad con lo establecido en el Numeral 3o del artículo 86 de la Ley 222 de 1995, están obligadas a implementar un sistema de prevención para el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, todas las compañía que hayan registrado hasta de diciembre de 2013, ingresos iguales o superiores a $98.560 millones.

Teniendo en cuenta lo anterior ¿Cuántas empresas deberán implementar el sistema de prevención?
Colombia cuenta con más de 780.000 sociedades, 1,7 millones de personas naturales y 1,8 millones de establecimientos de comercio, sucursales y agencias con matricula vigente en el registro mercantil.

Más de 33.000 proponentes del Estado inscritos, cerca de 173.000 entidades sin ánimo de lucro, 20.000 entidades de economía solidaria registradas y 15.000 prestadores de servicios turísticos inscritos en el Registro Nacional de Turismo. Por lo cual la cifra de empresas llamadas a cumplir esta normativa podría ser superior a las 500.000 empresas.

¿Cuál es la fecha en la que se les vence el plazo a las compañías para implementar el sistema?
Tendrán hasta diciembre de 2014. Esa será la fecha límite para que las compañías supervisadas por la Superintendencia de Sociedades adopten e implementen un sistema de prevención para el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

¿Cuáles serán las sanciones para las compañías que incumplan con la normatividad?
Aquellas compañías que incumplan con la implementación del sistema de prevención para el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, podrían recibir multas sucesivas o no, de hasta $123 millones (o 200 salarios mínimos legales mensuales), de acuerdo con la Ley 222 de 1995.

¿Qué entidad regulará y vigilará la implementación del sistema en las compañías?
El encargado de vigilar la implementación de estos sistemas será la Superintendecia de Sociedades.

¿Cuáles son los beneficios que traería el sistema a las compañías?
Con la adopción de un sistema de prevención para el riesgo, las compañías estarán adoptando medidas que les permitan mitigar el riesgo de incurrir en negocios de dudosa legitimidad, con el daño en la reputación y sanciones económicas que se pueden derivar.

¿Por qué lo hacen?
Dice Castillo que Kpmg ha visto con preocupación que hay desconocimiento entre el sector empresarial frente a esta obligación y sus implicaciones, por lo cual empezarán una cruzada de orientación y acompañamiento para que las compañías que deben implementar el sistema, puedan enterarse de la magnitud de la medida. También del dinero que se podrían ahorrar en las millonarias multas que podría imponer la Supersociedades.