miércoles, 28 de enero de 2015

A primera vista, parece paradójico que tengamos un desempeño tan precario, cuando vemos a los gobernantes haciendo esfuerzos para implementar programas de acción afirmativa dirigidos a los sectores más vulnerables. Sin embargo, una mirada a fondo pone al descubierto un problema estructural de la sociedad que impide una transferencia efectiva de riqueza hacia los pobres, y que tiene su origen en la existencia de élites o burbujas de poder económico y político que se establecen para generar privilegios irrazonables y proteger el statu quo.

Una primer ejemplo monstruoso: en el sistema pensional colombiano la mayor parte de los subsidios van dirigidos a las pensiones de las clases altas y de los grupos privilegiados que pertenecen a los regímenes especiales (Congresistas, Magistrados, Oficiales del Ejercito y Policía, Profesores, otros), regímenes éstos que cubren15% de la población y que absorben la mayor parte de los recursos. En efecto, 20% más pobre de la población recibe tan solo el 0,1% del subsidio que va incorporado en las mesadas pensionales, mientras que el 20% más rico recibe el 86,3% del subsidio pensional (Núñez, 2009; Tomado del Informe de Colpensiones a la Corte Constitucional de Junio 12 de 2014). En otras palabras, en virtud de las normas aprobadas por nuestros eximios congresistas, el Gobierno toma los recursos que provienen de los impuestos que pagan todos los colombianos (ricos y pobres), para subsidiar preferentemente a los más ricos. 

Tal  como lo señaló la Ocde en su reciente informe sobre el país, otro de los problemas más severos de su estructura económica es la inequidad del sistema tributario, el cual no solo es incapaz de transferir riqueza de las ricos hacia los pobres, sino que, además, está plagado de exenciones tributarias, confeccionadas a la medida de ciertos sectores específicos, lo que nuevamente pone de relieve el poder de las élites para lograr excluirse de la norma general.

Existen aún muchos sectores de la economía donde la competencia es escasa y donde prevalecen condiciones monopólicas, o donde se presentan altas concentraciones en cabeza de pocos empresarios, inclusive en sectores considerados estratégicos como comunicaciones, televisión, banca, alimentos, infraestructura o transporte público. En general, esas condiciones monopólicas son el resultado de la inacción estatal para romper barreras de entrada y fomentar el ingreso de nuevos jugadores o de la persistencia de privilegios vestidos de “regulaciones” que -de forma expresa o tácita- protegen artificialmente a ciertos grupos económicos establecidos.

El problema de las élites económicas o políticas no es sólo que con el poder que ejercen van disminuyendo las posibilidades de éxito de aquellos que optan por el camino del mérito individual, sino que, en la medida que van ganando mayor poder y presencia, van optando por mecanismos cada vez más exclusorios y arbitrarios para defender el statu quo.

Los grupos cerrados de poder típicamente prefieren enfocar sus mayores esfuerzos para evitar que lleguen otros competidores a su enclave, en vez de hacerse fuertes a partir de la optimización de las capacidades propias o de la calidad del producto o servicio respectivo. Esto aplica tanto en lo económico (donde las élites tienden a buscar la repartición de mercados y propugnan por la fijación de aranceles, requisitos u otras barreras que impiden o dificultan la llegada de terceros), como en lo político (en donde se busca afianzar el poder mediante la generación de clientelas, por medio de puestos y contratos).

Lo más grave es que el propio Estado fomenta la cultura del clientelismo y el amiguismo, lo que se traduce en un agravamiento de la situación de desigualdad social: a aquellos que quedan excluidos de dichas estructuras cerradas de poder, se les hace más difícil acceder a los factores que mejor inciden en la movilidad social (empleo, crédito, salud, educación, justicia, seguridad).

Ahora bien, lo que habría que hacer no es buscar la eliminación de las estructuras elitistas del poder, sino su transformación. Tal como lo dice el conocido experto James Robinson en reciente columna en El Espectador (autor del libro Por qué Fracasan las Naciones), el poder de las élites es real y no puede ser negado, pero si puede ser canalizado hacia direcciones socialmente útiles.