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¿Si alguien encuentra el bien común me lo podría devolver?

miércoles, 27 de mayo de 2015
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El pasado fin de semana una avalancha causó varias docenas de muertos en el municipio de Salgar en Antioquia. Como procede, el presidente de la República prontamente anunció subsidios y viviendas gratis a las víctimas de la tragedia.

Sin embargo, la reacción en las redes sociales al anunció presidencial fue de escepticismo, para decir los menos.

Inmediatamente los twitteros, bloggeros y facebuqueros se dedicaron a darle al presidente hasta con el balde. Como se podrán imaginar las referencias a Utica y a Gramalote no faltaron, despotricaron de Colombia Humanitaria y los más enterados cuestionaron la eficiencia del Fondo de Adaptación.

Aunque injusto y exagerado vale la pena preguntarse el porqué del iracundo cinismo de la gente frente a los anuncios presidenciales. Razones no les faltan. Cinco años después de su evacuación, el nuevo Gramalote todavía no existe. Mucho render, mucho anuncio, mucho consejero presidencial, pero pocos ladrillos. En Útica pasa algo parecido.

¿Será entonces que este es un gobierno indolente e incompetente? 

La respuesta es no.  El presidente y su equipo han demostrado un compromiso excepcional con el pueblo colombiano y un estándar de transparencia que contrasta con la laxitud moral del pasado.

El problema es que el sistema gubernamental colombiano está diseñado para que las cosas no se puedan hacer. Y no exagero. Tomemos, por ejemplo, la venta de Isagen. Controvertida, sin duda, pero además de conveniente, legítima legal y financieramente.

La decisión de política pública se tomó por quienes la deben tomar. El procedimiento de enajenación se surtió de conformidad con la ley. Las valoraciones se hicieron con los métodos generalmente aceptados que arrojaron un precio, que inclusive muchos consideran elevado. Se convocaron a los oferentes. Estos surtieron un filtro muy estricto en la Superintendencia de Industria y Comercio que descartó a tres de ellos. Se demandó la venta. Se suspendió temporalmente. Se reanudo la venta. Quedaron otros tres proponentes. Estaban listos, el mercado esperaba la puja, muy posiblemente el precio se subiría sustancialmente. El dinero se necesita desesperadamente para financiar los proyectos de infraestructura. Y nuevamente se demanda, no una vez sino catorce veces. El Consejo de Estado suspende la venta hasta que no se resuelva la demanda, es decir en siete años. Pero puede que se reanude, porque hay un recurso de súplica o de quien sabe qué. Pero puede que no, por que siempre hay la posibilidad de una tutela, que acabará en manos de Pretelt o de Rojas o de alguno de estos señores.

Ven porque el sistema no funciona. El galimatías legal que debe afrontar cualquier proceso gubernamental es abrumador. Por un lado están todas las barreras erigidas para evitar la corrupción, que imponen innumerables trámites y requisitos fácilmente superables por los corrompidos (remember los Nule) pero infranqueables para los demás. A que lo se deben sumar las asustadurías, que tienen como función matonear constantemente a los funcionarios para que sus jefes se luzcan en los noticieros de la noche.  

Por otra parte, están los cartapacios de derechos que se han repartido como confeti sin reparar las consecuencias. Sorprende la cantidad de comunidades indígenas y afrocolombianas que tienen asentamientos comunales justamente en los trazados de las autopistas. No hay proyecto minero en Colombia que no tenga un entierro ancestral de alguien. Y que decir de las comunidades que brotan espontáneamente cuando se va a construir un hidroeléctrica. 

Pero no solo eso. El hiper garantismo procesal convierten en un viacrusis cualquier iniciativa de mayor envergadura que la construcción de un andén. El capricho de un terrateniente con un buen abogado puede parar una doble calzada, como ocurre en la autopista Bogotá-Girardot y tres campesinos disfrazados de desplazados pueden sabotear una macroproyecto agrícola que beneficiaría a miles.

En el afán por proteger los derechos individuales nos hemos olvidado de proteger los derechos colectivos. Ciro Angarita se debe estar revolcando en su tumba. 

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