• Colprensa

domingo, 14 de septiembre de 2014

La polémica se suscita por temas puntuales como la elección del Procurador General de la Nación, el levantamiento de las inhabilidades de los congresistas para ser ministros, embajadores, alcaldes o gobernadores, el Tribunal de Aforados, la eliminación de la puerta giratoria en las altas cortes y la lista cerrada para las elecciones al Congreso, entre otros aspectos. 

Se dice incluso que el consenso aterriza en la necesidad de abolir todas las reelecciones, no solo la del Presidente de la República sino la del Procurador, el Defensor del Pueblo y los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE). 

Estos ingredientes, a juicio de los analistas y algunos sectores, rompen con el equilibrio que quiso implementar el constituyente de 1991, porque en vez de repartir las cargas, las concentra en el Ejecutivo y el Legislativo. 

De ahí que el exprocurador General, Jaime Bernal Cuéllar califique la reforma como un hecho “desafortunado” ya que observa que en el texto de la iniciativa lo que se hace es “concentrar las facultades de postular en el Presidente y le otorga más poder al Congreso para elegir”. 

De hecho, Bernal Cuéllar asegura que el problema es que “falta seriedad para corregir los vicios que se registran en la actualidad” y cree que si se quiere hacer algo sensato “lo que se debe hacer es que todas esas elecciones de organismos de control, del Fiscal y los magistrados se realicen por concurso de méritos, pero no internos en el Congreso ni en las cortes sino que esa tarea la haga la academia”. 

En concordancia con lo anterior se mostró el senador del Polo Democrático Alternativo, Jorge Enrique Robledo, quien califica esta reforma como “un sancocho indoctrinario”. 

Explica que el desorden radica en que “se vinculan una serie de cosas que lo que generan es un verdadero desequilibrio institucional”, debido a que es una reforma “a ratos política, a ratos justicia y a ratos electoral. Estos temas, lo mínimo, es que se debatan por separado porque son muy diferentes”. 

Robledo considera que este proyecto no lleva a nada y anuncia que su partido, el Polo, presentará su propia reforma, ya que para él un tema tan coyuntural como la ‘mermelada’ no se plantea en la iniciativa. Y asegura que “se debe acabar la mala utilización de los recursos del Estado para constreñir al elector”. 

El profesor de la Universidad del Rosario, Mauricio Jaramillo, tiene una visión más amplia de la situación que genera la reforma al Estado y en su opinión es claro que el problema del equilibrio de poderes “no es exclusivo del actual Gobierno”. 

Por esta razón, Jaramillo comenta que “el equilibrio lo han roto todos los presidentes desde Ernesto Samper, ya que se ha presentado una tendencia, con más de 30 reformas a la Constitución, que han terminado por afectar el equilibrio que se buscó desde la concepción misma de la Carta”. 

Con esas enmiendas, Jaramillo considera que “se perdió el propósito loable de la Carta de lograr, precisamente, esos equilibrios y lo único que se ha logrado es ir destruyendo la Constitución misma”. 

Los defensores de la iniciativa 

A pesar de las observaciones que han hecho diversos sectores, hay quienes piensan que el proyecto lo que busca es precisamente ajustar los desequilibrios que se le han hecho a la Constitución en los últimos años. 

El senador ponente, Roy Barreras, si bien no comparte la posibilidad que se modifique la capacidad nominadora que tienen las cortes, dice que hay elementos clave en la iniciativa. 

En este sentido, destaca la eliminación de la reelección en todas su manifestaciones y el fin del voto preferente, con lo que “se logrará que la gente ahora vote por el partido y acabar con la compra de votos”. 

El ponente de la iniciativa en la Cámara, Hernán Penagos, descarta que esta afecte los pesos y contrapesos del Estado. “Para nada se afecta el equilibrio de poderes”, enfatiza el representante, quien subraya que, “esta reforma debería ser más ambiciosa y buscar minimizar el poder que tiene el Ejecutivo, definir las competencias de la Justicia y quitar todas aquellas que no son de su naturaleza y fortalecer un legislativo venido a menos”. 

Entre tanto, el analista y maestro en Gobierno, John Mario González, cree que esta reforma va “más allá del desequilibrio de los poderes”. Explica que “lo que uno observa en el proyecto busca el fortalecimiento de la democracia a través de partidos fuertes” y agrega que este propósito queda en evidencia con “la eliminación del voto preferente, la implementación de las listas cerradas y el mantenimiento del umbral del 3%, lo que determinará que en 10 años haya en el país no más de 3 o 4 partidos políticos”. 

González advierte que en la actualidad Colombia carece de partidos fuertes y eso “ha afectado la gobernabilidad en donde sí se evidencia un desequilibrio, debido a que el presidente Juan Manuel Santos fue fuerte para reelegirse, pero es débil para afrontar los problemas del país”. 

El lío de la Procuraduría 

Un tema que ha merecido capítulo especial en la reforma de equilibrio de poderes es la elección del Procurador. 

Sobre este tema, el mismo titular del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez alertó esta semana sobre los riesgos de que el Presidente tenga la facultad de ternar a este funcionario. 

Desde su óptica, la propuesta original del Gobierno y que fue radicada en el Congreso genera un desequilibrio institucional. Desde diferentes escenarios, el procurador Ordóñez dijo que “es una involución constitucional” y recalcó que “estamos echando hacía atrás, porque lo que se está planteando es que el Presidente termine eligiendo al Procurador, porque la terna está integrada exclusivamente por el señor Presidente”. 

Sobre este aspecto, la senadora de la Alianza Verde, Claudia López, ha señalado que el problema del Procurador no radica únicamente en su elección o su continuidad, sino que “se debe analizar su capacidad sancionatoria, que requiere de una regulación”. 

El profesor Jaramillo concuerda con la senadora y dice que existe un interrogante que hasta hoy no se ha respondido: “¿Cómo despolitizar los organismos de control? Eso lo único que demuestra es que no hay pesos ni contrapesos en estos organismos”. 

Los riesgos de la reforma 

Adicionalmente, los analistas identifican una serie de riesgos que podría tener la reforma que agudizaría el desequilibrio que han advertido en el texto. 

Sobre este aspecto, el analista González dice que hay que estar “alerta al salto de la liebre, porque muchos congresistas se irán en contra de propuestas puntuales, como la lista única y cerrada, ya que con este esquema los caciques no van a tener la presencia que hoy ostentan, debido a que hoy existe una tendencia del voto de opinión para el Congreso, lo que obliga que los partidos pongan como cabeza de esas listas a personas que capten la atención ciudadana y no los políticos tradicionales”. 

Sin embargo, el senador Jorge Enrique Robledo sale al paso y anota que “con la lista cerrada quedan los corruptos ocultos” y recuerda que si se ataca la circunscripción nacional “eso nos afectará porque nosotros somos básicamente voto de opinión”. 
Otro riesgo latente de la reforma son los cambios y adiciones que se van a realizar durante los debates, lo que González vaticina como “inevitable”. 

Coincide con la observación el expresidente de la Cámara, Hernán Penagos quien reconoce que en el largo trámite del proyecto, 8 debates, “se van a incluir temas nuevos y se irán los que no tengan consenso”. 

Por ello, señala que “ hay un riesgo que se rompa la esencia del proyecto por la falta de consensos en diferentes puntos”. 

La contrapropuesta del Polo 

La inconformidad que ha generado en el Polo Democrático la propuesta de equilibrio de poderes los motivó a que emprendieran la labor de construcción de una iniciativa propia que radicarán el martes en el Congreso. 

El primer elemento, según se pudo establecer, es que en el interior de la colectividad de izquierda tienen claro que no se puede hablar de equilibrio de poderes sin la existencia de un estatuto de la oposición, el cual garantizaría la supervivencia de los partidos minoritarios. 

En este sentido, el senador del Polo, Alexánder López, ha dicho que ni el estatuto de oposición ni las reformas de índole electoral “fueron tenidas en cuenta en el proyecto del Gobierno”. 

A pesar que aún se trabaja en el texto del proyecto, este diario conoció que esta colectividad va a proponer que, en la eventualidad que se acabe con la reelección, ningún congresista tenga la potestad de presentar un acto legislativo para revivirla y si se quiere resucitar esta figura solo se podría hacer por referendo. 

Así mismo, insistirán en que se baje el umbral al 2%, ya que según dijo el senador López habría “equidad y los partidos minoritarios tendrán más posibilidades de acceder al Congreso”. 

En otros puntos se habla de la financiación total de las campañas por parte del Estado, prohibir apoyos financieros del sector privado, que se implemente el concurso de méritos para la escogencia de los candidatos a Procurador, Contralor y Defensor del Pueblo para acabar con la influencia del Ejecutivo en estas elecciones.