lunes, 13 de abril de 2015

Hay una verdad incómoda que no se discute en La Habana: Reclutar niños en el conflicto, gústele a quien le guste, también es un delito de trata. Los jueces y fiscales del país, por negligencia o desconocimiento, ignoran los instrumentos internacionales firmados por Colombia y la legislación nacional al no declarar el reclutamiento de menores, pese al marco jurídico que existe, como un delito de trata de personas.

No hay duda que los menores de edad son un excelente motín para la guerra: Se someten más fácilmente que los adultos, se adaptan con rapidez a contextos distintos y son idóneos para espiar al enemigo o servir de “carritos” para el transporte de drogas.

Pese a la evidencia de casos de trata en el reclutamiento forzado de niños, actualmente no hay claridad sobre los referentes legales en torno a este tema y, a juzgar por la opinión pública y las instituciones relacionadas con este delito, estos asuntos están desconectados.

La trata, en el contexto del conflicto armado colombiano, para quienes no lo saben se tipifica cuando hay traslado de la víctima y existe explotación.

En nuestra guerra, que se está negociando a puerta cerrada en La Habana, el traslado del niño suele darse desde su lugar de origen hacia el campamento subversivo u otros destinos. Por la naturaleza misma del conflicto, los menores reclutados no tienen un solo lugar de llegada sino que son itinerantes.

La explotación -bien sea en trabajos forzados, servidumbre o actividad sexual- es difícil de sentenciar, pues no existe un referente internacional que defina este concepto y, aunque la legislación colombiana (artículo 188A del Código Penal) lo establece, su definición es confusa: “(…) se entenderá por explotación el obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o para otra persona mediante la explotación (…)”.

Este término también es bastante relativo, pues mientras que una persona puede sentirse explotada aunque no haya evidencia de ello, otra puede percibir su situación como algo normal.

En conclusión, actualmente existe consenso internacional cuando se está ante un caso de trata. En el caso del conflicto colombiano, los niños realizan distintas actividades que benefician al actor armado ilegal al que pertenecen: combaten, secuestran, minan campos, extorsionan y ejecutan labores de ranchería, cocina y logística.

En caso concreto de la explotación sexual, las niñas reclutadas son utilizadas para satisfacer los deseos sexuales de los comandantes o de la tropa.

Según un testimonio recogido reciente de Human Rights Watch, “los guerrilleros escogen a las niñas más bonitas y les dan regalos y privilegios con el propósito de recibir algún tipo de retribución. Es posible que estas relaciones no sean forzadas, pero también tienen lugar en un contexto en el que las menores están claramente indefensas y los comandantes pueden tener autoridad sobre su vida”.

Los niños de la guerra

Entre 1999 y 2015 se han atendido en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) a 5.708 menores provenientes de distintos grupos armados ilegales (guerrillas, paramilitares y bandas criminales) de los cuales 60% viene de las Farc.

En el caso de un eventual acuerdo de paz en La Habana, el Icbf recibiría alrededor de 2000 menores de edad que hoy hacen parte de esta organización guerrillera.

Probablemente a estos niños, niñas y adolescentes que se desvinculen del conflicto no les serán imputados cargos por los delitos cometidos durante su permanencia en las Farc. Sin embargo, ¿qué pasará con aquella población joven que ingresó siendo menor de edad y que en el momento de desmovilizarse ya tendrá 18 o más años?, ¿Seguirán siendo perseguidos por la ley?, ¿Merecen cárcel o reparación?

Estos jóvenes son victimarios porque han cometido delitos en el marco del conflicto, pero también son víctimas de trata en tanto fueron reclutados siendo menores de edad y no tuvieron oportunidades de dejar la organización, salvo que escaparan corriendo grandes riesgos.

Finalmente reconocer la dimensión de trata de personas a la que ha conllevado esta confrontación armada prolongada por más de 50 años no solo permitirá buscar alternativas de justicia sino formas de reparar y reintegrar. Para eso se necesitan voluntad política, esfuerzos institucionales y una opinión pública sensible al tema.