sábado, 14 de junio de 2014

“Justicia en línea” es sobre todo un nuevo modelo de relacionamiento entre operadores de la justicia (jueces, empleados judiciales, abogados, auxiliares de la justicia, otras instituciones del sector) y ciudadanos que necesitan solucionar sus conflictos. Las licencias de programas de oficina y los computadores de última tecnología son solo medios para prestar mejores servicios de “justicia en línea” a los ciudadanos. 

Los países más exitosos en este campo han sido sensibles a las preferencias de los usuarios en la era digital. No necesitaron grandes reformas legales o inversiones colosales en equipos, sino cambios en la cultura de los operadores de la justicia para prestar servicios diferentes. Además de agilidad en los procesos los ciudadanos exigen alta calidad en la información disponible, bajo costo en tiempo y en dinero, y elevada satisfacción con los servicios recibidos.

El Estado de Queensland en Australia es uno de los más avanzados en justicia en línea. Con un total de 160 jueces atiende alrededor de 600.000 nuevos casos al año. La mayor parte de sus servicios se prestan virtualmente. Abogados o partes solo acuden a las oficinas judiciales para audiencias programadas de acuerdo con un “cronograma del proceso” basado en fechas ciertas, obligatorias para el juez y las partes, y prácticamente inmodificable. 

Queensland pudo reducir a un mínimo el uso del papel y facilitar el acceso seguro a la información de sus expedientes judiciales con una decisión estratégica: tercerizar sus TIC a compañías especializadas en el diseño, operación y mantenimiento de una plataforma robusta. Así se evitó recargar al Poder Judicial con la administración de TICs y someter a los usuarios a aumentos en el arancel. 

Gracias al modelo adoptado, Queensland ha mantenido por años tasas de evacuación superiores a 100% (en algunos tribunales de hasta de 120%). Sus servicios de justicia en línea incluyen presentación y contestación de demandas, presentación de pruebas, notificaciones a partes o terceros e interoperabilidad con sistemas de instituciones que manejan información relevante para procesos judiciales, como los registros de la propiedad.

Para financiar este modelo, Queensland siguió el principio del “Informe de Lord Woolf”: los usuarios de la justicia civil y comercial deben cubrir sus costos. Las tarifas del operador privado de TIC judiciales se cobran por transacción. 100 Dólares Australianos (aproximadamente $180.000) por una presentación o contestación de demanda, 30 por una notificación (alrededor de $54.000). 

A primera vista pueden parecer elevadas pero en el fondo son inferiores al arancel judicial del 1.5% sobre el valor de las pretensiones dinerarias (hasta máximo 200 salarios mínimos mensuales, casi 118 millones de pesos) que se está comenzando a recaudar en Colombia al comienzo del proceso independientemente de su resultado final. 

Colombia necesita definir el modelo de justicia en línea que quiere y puede adoptar antes de realizar gigantescas inversiones en TIC y sobrecargar a su Rama Judicial. Aunque la tercerización no es el único modelo viable, convendría explorarlo sobre todo si se tiene en cuenta que cualquier plataforma TIC requiere de interconectividad para implementar soluciones móviles de justicia (smartphones, ipads).