MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
Agregue a sus temas de interés
Desde la década de los setenta, una extensa literatura resalta que trabajadores con similares niveles tanto de capacitación como de experiencia reciben distintos salarios según se desempeñen en el sector público o en el privado. Pese a que en algunos casos el diferencial de productividad favorece al empleado del sector privado, la mayor capacidad negociación de los funcionarios públicos, junto con otras consideraciones de economía política, terminan por inclinar la brecha salarial en favor de los servidores del Estado.
No obstante, trabajos más recientes, como el publicado por el Banco de Italia este año, sugieren que la mencionada prima salarial para los empleados públicos no opera cuando se trata de cargos directivos, a los que muchas veces el sector privado remunera mejor. Colombia es un buen ejemplo de lo anterior. Los funcionarios públicos del más alto nivel asumen un inmenso costo de oportunidad, toda vez que sus remuneraciones son similares a las de la gerencia media de los sectores privados más competitivos.
Pero el salario no es el único elemento que desestimula la gerencia pública, también lo hacen la complejidad y el riesgo. Por una parte, los directivos de lo público deben gestionar instituciones con estructuras organizacionales rígidas, que rara vez evolucionan al compás de las necesidades de la ciudadanía, dificultando el rol administración pública. Por otro lado, los altos ejecutivos del Estado enfrentan, aparte del desestimulo salarial, riesgos individuales que no son de poca monta. El estatuto anticorrupción, por ejemplo, inhabilita durante dos años después del retiro a todos los directivos públicos para ejercer su trabajo de manera privada dentro de las mismas industrias en las que prestaron servicios al Gobierno. Así mismo, incluso en casos de no corrupción ni de delito, los funcionarios están expuestos a fuertes sanciones de las entidades de control, lo que puede desembocar en la dilución del patrimonio del empleado público o su inhabilidad para trabajar nuevamente con el Estado.
De esta forma, la alta administración pública de Colombia debe enfrentar las inmateriales satisfacciones personales derivadas del llamado de la patria con una trinidad perversa de menores sueldos, mayores complejidades en gestión y enormes riesgos individuales. Este balance hace que la decisión de un directivo de trabajar en el sector público demande un gran compromiso ciudadano y una admirable fe en el futuro. Lamentablemente, los altos niveles de corrupción en nuestro país han satanizado la función pública, al punto que nos impide reconocer a los muchos héroes de la patria que, a costa del tiempo con sus familias, trabajan largas jornadas a cambio de un menor sueldo y un mayor riesgo.
En mi opinión, la implacable sanción del Procurador General de la Nación al Superintendente Financiero, un hombre a quien se le reconoce una amplia solvencia tanto técnica como ética, envía una perversa señal al mercado. La conclusión sobre el momento óptimo para la intervención de la Superfinanciera en el caso de Interbolsa es, cuanto menos, discutible, por lo que la postura de la Procuraduría puede reflejar una mera diferencia de criterio entre dos funcionarios. En este lamentable incidente, los responsables del fraude financiero deben ser estrictamente sancionados, al tiempo que al país debe tomar lecciones de lo ocurrido en términos regulatorios. Pero si las entidades de control sepultan las carreras de algunos de los mejores hombres del servicio público bajo cargos que pueden resultar debatibles, ¿en manos de quién quedará la administración de nuestras instituciones? la respuesta es inquietante: en quienes tienen algo inusual por ganar o mucho menos que perder... Corrupción o mediocridad. Lamentable futuro.
