• Expansión - Madrid

martes, 4 de agosto de 2015

El anuncio del servicio de aduanas francés de haber interceptado  en Córcega un Picasso valorado en unos €26 millones (US$28,2 millones), perteneciente al banquero español Jaime Botín, y que tenía como destino Suiza, pese a estar declarado como no exportable por las autoridades españolas y ratificado por la Audiencia Nacional, ha reabierto el debate sobre la prohibición de sacar de España determinadas obras. Hace unos meses, la Fundación Casa de Alba no obtuvo el permiso del Gobierno español, ni el visto bueno en los tribunales, para poder vender en una subasta en Londres la carta que Colón envió a su hijo. 

Sin embargo, otras obras que estaban en España, como La Crucifixión de El Greco; Retrato de un caballero, de Rubens; o La esclusa, de John Constable, han sido vendidas por otras entidades en los últimos años y se encuentran más allá de las fronteras. 

Hay quien afirma que la marcha de algunas obras de arte fuera de España es un expolio silencioso del patrimonio artístico presente durante siglos en nuestro país. Los que secundan esta tesis argumentan falta de sensibilidad política y una menguante partida pública para compras. Incluso hay asociaciones destinadas a proteger estos bienes. La legislación especifica que el Ministerio de Educación y Cultura debe dar el permiso para exportar las obras. Sin embargo, otras voces de la sociedad civil y juristas consideran que España sigue inmersa en una economía solo parcialmente liberalizada, sujeta a intervencionismo público.