martes, 18 de noviembre de 2014

Es por ello que unos y otros pertenecen a la Nación, y requieren ser aprovechados de manera sustentable. Así lo disponen nuestra Constitución y nuestro marco normativo. Su agotamiento prematuro o su explotación irracional, también debe ser evitadas, como se intenta proteger el medio ambiente, porque si se malgastan los recursos naturales no renovables, se ponen en riesgo las materias primas y los energéticos, para muchas industrias que producen artículos básicos para la vida diaria. La amenaza que hoy se cierne sobre la minería y petrolera del país, por su persecución sin tregua, con argumentos de toda índole, no es entonces un tema que afecte exclusivamente la caja de la Nación, por la disminución de impuestos y regalías. Al no poder desarrollar estas actividades como se requiere, o quererlas llevar a su marchitamiento como sucede hoy día, no solo se dejan de recibir las rentas que estas producen, sino que, además, habría que comprar estos productos a otros países. Si no contamos con las materias primas y los energéticos producidos por nosotros, tendremos que importarlas, para mantener muchas de nuestras industrias y para mover al país. Se habla como mucho orgullo de la  enorme biodiversidad que nos caracteriza. Con igual entusiasmo se debería mencionar la riqueza del subsuelo, también provista de una variedad interesante de opciones, muchas de ellas aún sin explorar. La tecnología y su avance requerirán cada día más materias primas mineras, para perfeccionar y avanzar en sus procesos. Colombia podría ofrecer esos productos en el futuro.

Es equivocado entonces percibir al industrial minero como un depredador social y del medio ambiente, sin conciencia.  El concesionario, en materia minera e hidrocarburífera, contribuye a los fines del Estado y, por ello, su actividad y los derechos que emanan de los contratos que celebra con éste, deben ser respetados y protegidos. Siempre se podrán hacer mejor las cosas, pero no tiene mucho sentido que se vulneren esos derechos, so pretexto de proteger intereses considerados como “de mayor rango”. Una vez entendida la importancia de esta industria,  los juristas del país y, en especial los jueces, tendrán más claridad del por qué, es necesaria la ponderación en la toma de decisiones, que pueden tener trascendencia en asuntos que  también son de interés general.Abogada de la firma Martínez Córdoba