miércoles, 20 de enero de 2016

Los constantes cambios tecnológicos, la sofisticación en las necesidades de los clientes y la competencia existente, son algunos ejemplos de la absoluta necesidad de regular bien, o mejor aún, de regular con inteligencia. Este concepto de Regulación Inteligente no es nuevo. Desde principios del nuevo milenio, la Unión Europea ha visto la necesidad de regular de forma clara, coherente y simple. Y es así como la Comisión Europea en un comunicado del 2010, introdujo el concepto de “Smart Regulation” o Regulación Inteligente por primera vez. 

Esta Regulación Inteligente busca armonizar las normas y políticas vigentes atendiendo las necesidades reales e intereses de todos los actores del mercado, anticipándose a los problemas y beneficiando así a los distintos sectores de la economía.Con lo anterior, es claro que mediante la creación y aplicación de una Regulación Inteligente nos beneficiamos todos. Pero desafortunadamente la realidad es otra.

Por ejemplo, en diciembre del año pasado se llevó a cabo el “Aviation Day Colombia 2015”. En este evento se comprobó la necesidad de alinear los intereses y necesidades reales de los distintos actores de la industria aérea. Se evidenció, por ejemplo, la falta de claridad respecto al alcance de ciertas normas, entre esas, la correspondiente al derecho de retracto. 

En este sentido, y debido al constante debate entre la Superintendencia de Industria y Comercio y la Aerocivil acerca del alcance de este derecho, que además se encuentra plasmado en dos normatividades (tanto en el Estatuto del Consumidor, como en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia), genera una falta de claridad y de coherencia al momento de aplicar la norma y, a su vez, desconocimiento por parte de los consumidores de los derechos y deberes que tienen.

Lo anterior es, efectivamente, lo opuesto a una Regulación Inteligente.Ejemplos de esto hay miles. En el sector medio-ambiental se encuentra, por ejemplo, un tema de gran polémica; las licencias ambientales express. El otorgamiento de estas licencias es más rápido, evita que los proyectos se estanquen por trámites administrativos y genera un gran impulso para la inversión extranjera.  Pero por su “rapidez”, se desconocen principios constitucionales como la protección al medio ambiente y la participación de la ciudadanía. Los cuales son fundamentales a la hora de aprobar o no una licencia ambiental.

Así, lo que esto genera es una inseguridad jurídica que, sin lugar a dudas, afecta a todos los involucrados.Los anteriores ejemplos denotan la pobre planeación normativa que tenemos en nuestro país. Lo cual perjudica directamente a las empresas, a los consumidores y al propio Estado. Por lo tanto, se deben crear cuerpos normativos que obedezcan a las realidades económicas, sociales y políticas del país. Regulaciones que se anticipen a cualquier contingencia futura.

A través de la participación conjunta y activa de los reguladores, industrias y consumidores, la creación y puesta en marcha de una Regulación Inteligente debe ser un objetivo a cumplir en el 2016. Se debe regular con compromiso, seriedad y responsabilidad. Pero sobre todo, se debe regular con inteligencia.