viernes, 24 de febrero de 2017

Es un gran logro haber concertado la mayoría de los contenidos del proyecto, después de un amplio proceso participativo. Se realizaron 18 reuniones con participación de los partidos, movimientos y agrupaciones políticas, organizaciones de mujeres, organizaciones de los pueblos indígenas, académicos, y sociedad civil. Todas las propuestas fueron discutidas. Luego se realizaron 4 reuniones adicionales en las que el Gobierno, junto con unos delegados de quienes participaron en las discusiones, redactó el Proyecto de Ley. Finalmente, se realizó un evento para discutir el texto con expertos y se acogieron sus recomendaciones. Este solo proceso de discusión y concertación es histórico para Colombia. 

Es una lástima que el Centro Democrático no haya participado de estas reuniones. Decidió no hacerlo y estaba en su derecho. Sin embargo, no pueden alegar ahora que su ausencia le resta legitimidad al Proyecto. Primero, porque podrán participar en las discusiones en el Congreso. Segundo, porque la decisión de no participar fue absolutamente libre. No podría alegarse que no estuvieran en las mismas condiciones en los debates, pues en este caso participaron activamente múltiples actores y movimientos minoritarios.

Tampoco podría alegarse que los contenidos del proyecto fueron dictados desde La Habana ni impuestos en el Acuerdo de Paz. Siempre fue claro que los contenidos del Estatuto deberían ser deliberados en democracia. De hecho, el Acuerdo de Paz estableció únicamente cuestiones procedimentales: primero, que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica; las agrupaciones políticas representativas de oposición y dos expertos delegados por las Farc-Ep serían convocados en una Comisión para definir los lineamientos del Estatuto. Segundo, que la Comisión abriría espacios para recibir propuestas de otras agrupaciones políticas. Tercero, que la Comisión velaría por la participación de las mujeres. Cuatro, que a través de un evento se facilitaría la participación de voceros de las organizaciones y movimientos sociales más representativos, y personas expertas y de la academia. Y quinto, que con estos lineamientos el Gobierno Nacional elaboraría un proyecto de ley con el acompañamiento de delegados de la Comisión. Todos estos aspectos fueron cumplidos.  

Por último, tampoco podría alegarse que el Centro Democrático era el actor más relevante de la discusión por tratarse de la oposición al Gobierno actual, pues el Estatuto tiene vocación de permanencia y no está destinado a regular los derechos de la oposición de un solo periodo gubernamental.

En su momento también fue una lástima que las Farc no se unieran a las discusiones de la Asamblea Nacional Constituyente, pero esto no restó legitimidad a la Constitución Política de 1991. 

Los resultados de las negociaciones en La Habana demuestran lo contrario. A pesar de su falta de participación, el texto constitucional prevaleció. Tanto así, que las mismas Farc ahora reclaman que se cumpla uno de los compromisos de la propia Constitución: la promulgación del Estatuto de la Oposición. Esperemos que el país no pierda esta nueva oportunidad de consolidar las promesas del texto constitucional.