En Colombia, el déficit de vivienda supera los 3,8 millones de hogares, representando el 46% del total nacional. Así mismo, el déficit habitacional cuantitativo y cualitativo es uno de los problemas sociales más graves y extendidos que existen en la actualidad, afectando a más de 15 millones de personas.
Las políticas públicas y programas de vivienda tradicionales aprobados en la región de Latinoamérica y el Caribe durante los últimos decenios para abordar los déficits cuantitativos y cualitativos de vivienda urbana han contado con un enfoque casi exclusivo hacia el desarrollo inmobiliario y la construcción de soluciones de vivienda, dejando de lado la integralidad de servicios para el desarrollo de comunidades sostenibles. Es claro que estas políticas públicas no han bastado para cerrar las brechas de vivienda registradas en la región y que se necesitan medidas innovadoras y de mayor alcance para enfrentar no solo el déficit habitacional, sino el reto de construir hábitats sostenibles para las familias más vulnerables.
De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta la limitada capacidad de coordinación entre las entidades públicas y privadas en la región, los pocos modelos exitosos y buenas prácticas en materia de desarrollo integral, los países requieren empezar a diseñar e implementar modelos de intervención que permitan lograr que los proyectos de vivienda trasciendan los temas inmobiliarios y promuevan la construcción de comunidades sostenibles, donde se brinde no solo vivienda y desarrollo urbanístico, sino que también incluyan componentes como infraestructura social y acompañamiento comunitario. Estrategias que aprovechen las fortalezas en el desarrollo inmobiliario pero que adicionen los elementos necesarios para crear verdaderas comunidades integrales.
El principal rol del sector privado en estos temas debe consistir en acompañar la implementación de las obras cuya competencia principal es de los entes territoriales. La construcción de viviendas viene de la mano del urbanismo (vías, redes, canales e infraestructura matriz para las viviendas e instalaciones a establecerse). Paralelo a estos procesos, se deben activar procesos de intervención y acompañamiento comunitario que permita el empoderamiento de las familias que llegarán al territorio para generar capacidades de auto-sostenimiento para promover su propio desarrollo.
Este tipo de política o estrategia, demanda que exista un rol de liderazgo articulador de la entidad ejecutora para la consecución de recursos para infraestructura, vivienda, equipamiento social y la promoción de oferta, debe promover la intervención de la comunidad en todas las etapas, mediante instancias y procesos de participación, consulta y seguimiento, debidamente diseñados y legitimados. Se debe partir del principio que la comunidad conoce su territorio y que es autónoma y que de su vinculación y participación activa en su desarrollo depende la sostenibilidad de las inversiones inmobiliarias y en equipamiento socio-cultural.
