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  • Juliana Ramírez Prado

martes, 30 de agosto de 2016

Esta semana, exactamente el 29 de agosto se llevó a cabo la primera audiencia de trámite en la que  se determinó la competencia de un tribunal que se llevará a cabo en Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y que será encargado de resolver la controversia surgida por la  reversión de la totalidad de los activos afectados por los contratos de concesión solicitados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic) en cumplimiento a un fallo de la Corte Constitucional.

La pregunta que surge es ¿cómo se desarrollará dicha controversia del mismo tema desde dos tribunales diferentes? Lo primero que debe precisar es que el tribunal local fue convocado el 16 febrero de este año por el MinTIC contra dos operadores: Telefónica-Movistar y  Claro, mientras el internacional, fue convocado por la multinacional mexicana contra Colombia.

“Después de una sentencia de la Corte Constitucional, de una recomendación por parte de la Procuraduría General de la Nación, de más de 25 mesas de trabajo técnicas y jurídicas entre el MinTIC y los operadores, de exponer ante entes de control  la complejidad técnica del caso de reversión de activos, el MinTIC definió como camino  para proteger el patrimonio público y asegurar la continuidad del servicio,  acudir a convocar al Tribunal de Arbitramento, explicó en ese momento la cartera liderada por David Luna.

Aunque se quiere dejar sentado que son dos casos distintos se debe aclarar que en ambos tribunales confluye el mismo tema: reversión,  la  cual para el Gobierno, después de la sentencia C6555, es válida, mientras Claro argumenta que no hay lugar a reversión de activos teniendo en cuenta que la Ley 422 del 1998 los eliminó.  Ahora viene la etapa probatoria en el tribunal local que tiene como árbitros a Juan Pablo Cárdenas, María Teresa Palacios y Jorge Pinzón.

En la defensa de Colombia, si los dos procesos siguen su rumbo, en el caso trasladado en la Ciadi se encarga el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el bufete que contrate  y en el caso local le corresponde estar al frente a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en compañía de los abogados Gabriel De Vega y Gonzalo Suárez. 

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