jueves, 8 de diciembre de 2016
Pero, ¿qué ocurre con los derechos de los usuarios? ¿Tiene un particular que intercambia su casa con otro para ahorrarse el dinero del alojamiento las mismas responsabilidades que un hotel? Y, aun siendo así, ¿cómo se debe reclamar? Aunque acudir a los tribunales es una opción, lo cierto es que en la mayoría de los casos no es aconsejable, ya que los costes suelen ser muy superiores a lo que se va a obtener.
En servicios donde se contrata, por ejemplo, a través de plataformas tan populares como Uber o Airbnb, “la Comisión Europea indica que no deben estar sujetas a autorizaciones y licencias y que no tienen responsabilidad por los servicios que intermedian; sólo la tendrán por los servicios que prestan de forma directa”, explican desde Legálitas. Otra consideración que hay que tener en cuenta es si se trata de negocios con ánimo de lucro o no.
Y el mismo criterio se utiliza con el vendedor final. Por ejemplo, no es lo mismo un conductor que ofrece plazas en su auto para compartir gastos, que alguien que alquila una habitación o toda su vivienda, obteniendo un beneficio económico.
A una plataforma colaborativa no se le puede exigir responsabilidades si el anuncio era inexacto, salvo que se pueda demostrar que ya estaba advertida de la mentira y no había hecho nada por subsanar el problema. En estos casos, hay que dirigirse directamente al proveedor.
Éste tendrá menos deberes hacia el cliente cuando se trata de un particular que ofrece el servicio de forma ocasional a aquel que lo hace de habitualmente, ya que se le puede considerar profesional. Por eso, a la hora de evitar problemas legales y de que la economía colaborativa se vuelva en un dolor de cabeza, es importante tener en cuenta los aspectos mencionados
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